Pedagogía
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Documentum: Conceptos
A. Rodríguez Adrados

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Concepto. El documento (del latín documentum, de docere, enseñar: 'cosa que enseña') es una cosa mueble a la que se ha incorporado artificialmente una grafía, en principio escrita, expresiva del pensamiento, jurídicamente relevante, de su autor, quien puede presentarlo también como parcialmente ajeno, y que hace recognoscibles para los demás su autor, el pensamiento en él contenido y, en su caso, el autor de este pensamiento.

Elementos. Estructuralmente, el d. está formado por dos elementos, materia y contenido; aún carente de sustantividad, porque se reparte, entre ambos, tiene un tercer elemento típico, la grafía.

Por su materia es una cosa, corporal y mueble, hoy fundamentalmente papel, a la que la obra del hombre ha incorporado un medio de expresión, o grafía, que durante siglos ha sido casi exclusivamente la escritura. La grafía, incorporada a la materia, forma parte integrante de la corporalidad del d.; pero junto a este aspecto estático, tiene otro dinámico, que va del autor a la cosa y vuelve de la cosa al destinatario; es, pues, el vehículo del contenido del d.: la expresión del pensamiento de un hombre, su autor, pensamiento que, para el concepto jurídico del d., ha de ser jurídicamente relevante.

El autor. El punto central o básico de toda la teoría jurídica del d. y de sus efectos es, precisamente, la autoría o cualidad de autor del d.; sin autor no hay d.; además de ser artificiales, todos los d. son nominales, no hay d. anónimos, porque el contenido del d. es la expresión del pensamiento de un hombre, su autor. Autor del d. no es, pues, el que materialmente lo confecciona, el amanuense, ni siquiera el que lo firma, sino sencillamente el autor del pensamiento contenido en el mismo.

El autor del d. puede ser autor de todo el pensamiento documental o solamente de parte del mismo, al menos de aquellas declaraciones que constituyen el d. en sí con independencia de su contenido (fecha, autoría, etc.), presentando aquél contenido en todo o en parte como ajeno; en este caso (d. parcialmente heterógrafo), junto al autor del d. figura, y generalmente interviene en el d. mismo, el autor o autores de las declaraciones, sean de verdad, confesorias o de voluntad (d. testimoniales, confesorios y dispositivos o negociales).

La teoría representativa. Las modernas técnicas de reproducción mecánica de luces y sonidos (fotografía, fonografía, cinematografía, etc.), además de afectar a la materialidad del d., han provocado una nueva teoría, que prescinde del concepto de autor, y que entiende por d. toda cosa idónea para representar un hecho; según esta teoría representativa, especialmente mantenida por Carnelutti (v.), las reproducciones audiovisuales son los d. más puros, o directos, y los tradicionales d. escritos son indirectos, porque la mente de su autor se interpone entre el hecho y el destinatario, con lo que se aproximan a la prueba testifical. Sin embargo, el concepto de autor es imprescindible para el d., y las reproducciones mecánicas no pueden ser d. mientras no hagan recognoscible por sí mismas a su autor o éste las asuma en un d. escrito, con lo que quedan rebajadas a elemento complementario del mismo; así lo ha reconocido el CC italiano, que al querer dotarlas de sustantividad y concederlas valor de prueba plena, ha exigido que aquél contra el que son alegadas no desconozca su conformidad con los hechos o las cosas mismas (art. 2.712), con lo que en realidad no se produce ninguna prueba, sino admisión por la parte contraria.

Clases de documentos. Los d. se dividen, por su autor, en públicos y privados; d. públicos son aquellos de los que es autor un funcionario público actuando como tal, y, por tanto, dentro de su competencia y con sujeción a las reglas que rigen su función pública (CC art. 1.216); pueden ser, también por su autor, notariales, judiciales y administrativo'!, y, por su contenido, de Derecho público y de Derecho privado; al Derecho civil interesan especialmente los documentos notariales (instrumentos públicos). Son d. privados todos los demás, incluso los públicos defectuosos por incompetencia del funcionario o por falta de forma (CC art. 1.223: conversión formal).

Eficacia. Los d. públicos tienen una especial eficacia, derivada del carácter público de su autor (CC art. 1.218), que se gradúa según que las declaraciones que contengan sean declaraciones del notario (v.) o funcionario público, o de los particulares que intervienen en los mismos, y según que esas declaraciones afecten a la esfera de los hechos (aseveraciones, declaraciones de verdad), o a la esfera del Derecho (juicios, declaraciones de voluntad). Las declaraciones del notario o funcionario referentes a hechos gozan de la máxima eficacia, que se conoce con el nombre de fe pública o autenticidad en sentido técnico: surten todos sus efectos, en juicio y fuera de él, entre partes y respecto de terceros, mientras una sentencia firme no declare su falsedad (v.), en proceso penal o en juicio civil declarativo; están aquí comprendidos todos los hechos que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos, realizados por él o en su presencia, y, por excepción, algunos juicios del notario a los que, por su importancia, la ley trata como hechos, como la identidad de los comparecientes (fe de conocimiento). Pero, normalmente, los juicios del notario, como el de capacidad de las partes y demás valoraciones en la esfera del Derecho, sólo están cubiertos por una presunción iuris tantum, esto es, salvo prueba en contrario.

Las declaraciones de los particulares en el instrumento público están cubiertas por la fe pública sólo en cuanto hechos acaecidos en la presencia notarial, pero no en cuanto a su contenido, que no tiene otro valor que el que corresponda a su naturaleza testimonial, confesoria, dispositiva, etc., y esto entre las partes, no respecto de terceros.

El d. privado en sí mismo es neutro, ineficaz, mientras no se le complete con una diligencia pública, funcionarista, que, normalmente, es el reconocimiento judicial de firma (CC art. 1.225), con el que surten todos sus efectos, pero solamente entre las partes.

Funciones. Desde el punto de vista funcional, el estudio prevalente del d. por el Derecho procesal, ha hecho que venga siendo considerado probationem, esto es, para la mera prueba del acto o negocio en él contenido; el d. es, en efecto, un medio de prueba (v.), pero sólo como consecuencia de su existencia y de su eficacia anterior e independiente del proceso; de aquí que, en la esfera judicial, todo d. sea medio de prueba, y, el d. público, medio de prueba de particular eficacia (prueba legal) que produce otros efectos distintos de los meramente probatorios, como los ejecutivos; y en la esfera extrajudicial, además de esa función probatoria, tiene, sobre todo el d. público, otras funciones y efectos, entre los que destacan los de ser forma de las declaraciones de voluntad y de los actos y negocios jurídicos, funciones legitimadoras, de publicidad, de circulación (V. TITULOS-VALORES), efectos traditorios y registrales, etc.; y sobre todo, puede tener valor constitutivo del negocio documentado, en aquellos casos excepcionales en que la ley, quoad substantiam, así lo exige, y cuando, sin ello, no preexistía relación vinculante alguna entre las partes (d. primario) o se modifica la que con anterioridad existía (d. reproductivo, novatorio, etc.); o valor constitutivo solamente del efecto jurídico-real, de transmisión de la propiedad, por la tradición instrumental.

 BIBL.: CC art. 1.216-1.230; Ley de Enjuiciamiento civil, art. 596 ss.; Ley del Notariado, art. 1 y su Reglamento, art. 1 y 143 ss.; Ley Hipotecaria, art. 3 y 9 y su Reglamento, art. 34-38 y 51; P. GUIDI, Teoria giuridica del documento, Milán 1950; F. CARNELUTTI, La prova civile, 2 ed. Roma 1947; J. GONZÁLEZ PALOMINO, Negocio jurídico y documento, Valencia 1951; R. NÚAEZ LAGOS, Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial, «Anales de la Academia Matritense del Notariado», I, Madrid 1945, 379-510; Hechos y derechos en el documento público, Madrid 1950; ÍD, Concepto y clases de documentos, «Rev. de Derecho Notarial», XVI, Madrid 1957, 7-36; A. RODRÍGUEZ ADRADOS, Naturaleza jurídica del documento auténtico notarial, «Rev. de Derecho Notarial», XLI-XLII, Madrid 1963, 71-183.

Fuente Canal Social

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