Crimen. Seguridad. Vigilancia. Castigo
Política Criminal -
La "eficiencia" del sistema penal. Identificación ideológica e Instrumentalización política

Roberto Bergalli *

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La Pena de Muerte - La Guillotina - La verdadera historia del Hombre de la Bolsa - El negocio millonario detrás de la silla eléctrica - Promoción de la abolición de la pena de muerte

Introducción

Uno de los grandes problemas que tiene por resolver en la actualidad la forma-Estado social y democrática de Derecho, prevista en la mayoría de las constituciones de los países occidentales que bien han ya superado la fase industrial o se encuentran inmersos en su desarrollo, es la de lograr un sistema de control e intervención punitiva que responda tanto a los criterios de respeto a los derechos y garantías fundamentales, como a aquellos que permitan reconocer su eficiencia. En este sentido, la palabra eficiencia adquiere unas connotaciones particulares, sobre las cuales conviene formular algunas precisiones.

En lo que atañe al sentido semántico puede entenderse que "eficiencia" es la virtud y facultad que se le atribuye a un objeto, a un instrumento, a una persona para alcanzar o lograr un efecto determinado  1  . Mas, ese alcance o logro puede obtenerse si el medio para obtenerlo (ese objeto, instrumento o persona) está preparado o dotado de las características que previsiblemente le permitirían conseguir el objetivo perseguido; es decir, con la pertinente eficacia, o sea con la relativa virtud, actividad, fuerza y poder para obrar  2  . En todo caso, y con un perfil más delineado, la eficiencia atribuida al medio en cuestión se manifestaría en la relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado  3  . Mas, esta relación recibe otra cualificación en el mundo de la industria, de la técnica, del comercio, o de los negocios que se conoce como productividad , es decir como la calidad de lo que es productivo  4  o sea, de algo que es útil o provechoso y que engendra, que crea, pero que también reditúa u origina interés; es decir que, interpretado económicamente, debe arrojar un resultado favorable de valor entre precio y costes. Visto de tal manera, el producto de una determinada actividad se considera como el resultado esperado, siempre que el desarrollo de la misma haya respetado el correcto funcionamiento de los mecanismos previstos para alcanzar dicho resultado.

Así, sintéticamente considerados, los mencionados sentidos atribuibles a la palabra eficiencia revelan que, para que algo sea eficiente o productivo debe exhibir o manifestar una cierta organización en su funcionamiento, pero a la vez ha de tener bien definidos los objetivos para alcanzar. En una palabra, organización y fines deben estar predispuestos para calificar a una determinada actividad como eficiente o productiva. Mas, ¿basta con esto si lo que se pretende de tal actividad es que, además, preste un servicio a la sociedad desprovisto de una mira esencialmente económica pero concentrada en otra de convivencia pacífica y de satisfacción de bienestar colectivo?

I. Pues bien, yo pienso que la pregunta anterior permite orientar la averiguación sobre la eficiencia del sistema penal en el marco de funcionamiento previsto por la forma-Estado social y democrática de Derecho que, como se dijo antes, es la fórmula bajo la cual el constitucionalismo social ha pretendido un desarrollo plausible del Estado y sus aparatos en el plano de las relaciones con los ciudadanos.

Quiero aclarar, desde ya, que la cuestión de la eficiencia del sistema y/o del Derecho penal la han propuesto ciertas corrientes de la investigación iuspenalista y socio-jurídica, las cuales han tratado de cohonestar la creación y la aplicación de las normas jurídico-penales desde perspectivas políticas social-democráticas, o sea con enfoques bi-angulares que satisfagan, por una parte, las necesidades de un Estado eficiente -ante las limitaciones neo-liberales de Estado mínimo- y, por la otra, las demandas sociales de bienestar. Esta convergencia que, ya desde su planteamiento, revela una contradicción en sus mismos objetivos políticos -que son, para las propuestas neo-liberales, unos de sustitución de la regulación estatal por unas "leyes" de mercado que deberían, incluso, servir para establecer una relación de oferta y demanda hasta en los servicios y prestaciones sociales y, para las social-demócratas, otras que, por el contrario, otorgan a las políticas estatales la prioridad en el cumplimiento de tales prestaciones- es una convergencia que en los últimos tiempos se demuestra como "perversa" por la imposibilidad absoluta de realización.

No cabe duda de que semejante perversión se origina en las preocupaciones que los administradores estatales han revelado por el crecimiento del gasto público. De tal forma, los ingresos de los cuales se ha servido el Welfare State no se han correspondido con los egresos realizados en gasto social. El déficit que semejante desequilibrio ha provocado se ha pretendido reducir, desde las disciplinas jurídicas que estudian la Hacienda y la Administración Públicas, mediante la puesta en práctica de dos distintas alternativas. Una, es la que permite ejercitar un "control" del volumen del gasto público; es decir, no incrementarlo e, incluso, posiblemente reducirlo. Otra, es la vía de "gestionar" mejor los escasos recursos de que se dispone, intentando obtener un mayor y mejor resultado, de modo que no sea necesario renunciar al alcance de fines públicos, entendidos como logros inaplazables de la forma-Estado social y democrática de Derecho. En el trasfondo de estas dos alternativas ha estado presente la comparación de resultados entre la administración de los negocios públicos y la del sector privado de la economía. La primera, acusada de lentitud, despilfarro y burocratización, ha sido puesta bajo cuestión y para salir de esta crisis ha comenzado a aceptar los criterios de organización y actuación de las empresas privadas guiadas por el fin de la ganancia o lucro. De tal manera es cómo la economía, la eficacia y la eficiencia de la gestión empresarial se han convertido en valores que adquieren gran relevancia en la actuación de los poderes públicos. Tales valores han sido incluso introducidos como principios constitucionales, rectores de la regulación de aquellos procedimientos de presupuestación y control del gasto público, por el más reciente constitucionalismo social  5  . En cualquier caso, cuando se habla de una actividad de control del gasto público, cabe aclarar que dicho control puede ejercerse con el objetivo principal de descubrir desviaciones y establecer responsabilidades por ellas (concepción estática del control) o con el de descubrir tendencias equivocadas para adaptarlas y corregirlas (concepción dinámica). Este último tipo de control es el que interesa a una perspectiva jurídica sobre la Hacienda Pública y la Administración Pública para obtener aquella información que pueda ser utilizada de nuevo en la gestión permitiendo su mejora desde los puntos de vista de su economía, eficacia y eficiencia ( Piña Garrido, 1998: 111).

Con estas opiniones y los criterios indicados en la administración del gasto y la inversión de los recursos públicos es necesario comprobar si los principios que orientan al sistema penal moderno son practicables en el marco del Estado democrático y de Derecho que se encuentra atravesado por las más fuertes crisis.

I. 1. Para iniciar entonces una averiguación sobre la eficiencia del sistema penal, lo que corresponde en primer lugar, en mi opinión, es asumir una explicación de lo que se entiende por sistema penal, segundo y sustantivo tramo del título de esta intervención.

Semejante explicación la he formulado en otras ocasiones ( Bergalli , 1985; parcialmente en 1987; 1991; 1996) y quisiera volver sobre ella, en particular porque según se entienda de qué se habla cuando se emplea la expresión sistema penal se puede estar aludiendo a la tendencia sistémica que en los últimos años ha cobrado una especial atención desde las corrientes funcionalistas, con un cierto predominio en la teoría jurídico-penal de Occidente. Y, si esto fuera así, se podría entonces estar tomando partido por una visión tecnocrática, administrativista y eficientista de tal sistema penal. Me explicaré.

I. 1. 1. El desarrollo de la forma constitucional del Estado de Derecho ha permitido llegar a una configuración muy clara y determinada de lo que modernamente se denomina como sistema penal, el cual consta de dos partes bien diferenciadas. Una primera parte se configura con la fijación de los principios y garantías constitucionales que establecen el marco dentro del cual puede actuar la violencia o la coerción estatal. De éste deriva, a su vez, un ordenamiento jurídico-penal que se determina mediante la creación de unas leyes penales de fondo (códigos penales), en las cuales se concretan tanto las acciones o comportamientos humanos que pueden lesionar o atacar las necesidades y demandas (bienes jurídicos) que requieren en última instancia de una intervención punitiva para su protección, como también las consecuencias jurídicas que pueden acarrear la realización de las conductas previstas en esas leyes. La previsión acerca de cómo, cuándo, quiénes y respecto de qué personas se puede ejercer dicha intervención configura el ámbito de la misma; esto es lo que se configura como el "Derecho adjetivo" o de forma (leyes o códigos de procedimientos o de enjuiciamiento). Por su orden y en relación a cada una de los momentos o instancias que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de fondo, los Estados constitucionales de Derecho necesitan establecer el desarrollo orgánico de la estructura institucional y capacidades que le competen a esas instancias como, asimismo, los derechos y deberes a cargo de sus miembros para que, en ejercicio de las funciones represivas propias a los aparatos policiales, jurisdiccionales y de ejecución penal puedan ellos aplicar legítimamente aquella violencia estatal. A esta primera parte del sistema penal moderno yo me permito denominar sistema penal abstracto o estático.

I. 1. 2. Una segunda parte del sistema penal es la que se configura cuando cada una de esas instancias entra en actividad y despliega la capacidad que tiene asignada por el ordenamiento jurídico-penal, procesal, policial, jurisdiccional y penitenciario, respectivamente. Esto es lo que, a su vez, he descripto como el sistema penal concreto o dinámico. De esta forma, el enfrentamiento con los sujetos que quedan sometidos a la intervención de cada una de las instancias queda librado a las circunstancias propias de cada situación, la cual requiere de una adecuación a las previsiones establecidas en la parte abstracta o estática del sistema. Esta tarea de adecuación se conoce como la interpretación del Derecho que, lógicamente, depende de muchas y particulares alternativas. Puesto que esta operación de adecuación depende entonces de datos contingentes (características de los hechos, de sus autores y de quienes aplican la ley), necesariamente ha de ser controlable, de modo que la actividad de aplicación del Derecho mediante el sistema penal se legitima cuando los dos rasgos propios al Estado de Derecho: previsibilidad y controlabilidad son claros, explícitos y verificables.

I. 2. Ahora bien, es sabido por todos los estudiosos del Derecho y del sistema penal que el desarrollo de tal visión sistémica, a raíz del influjo que la sociología funcionalista-estructural, de cuño luhmaniano, está ejerciendo en el campo de las disciplinas jurídicas y de la sociología jurídica, responde teóricamente a una concepción en la cual las perspectivas político-criminales que han hecho del hombre y de su condición el centro de sus intereses -las cuales tanto predominio ejercieron desde las propuestas de von Liszt y de otras enmarcadas en el correccionalismo positivista- han perdido terreno frente a otras que pretenden la relegitimación jurídica del derecho y el sistema penal, haciendo éstas énfasis en las expectativas de comportamiento social obediente que se corporeizan en las normas. Un fuerte cuestionamiento en ese sentido fue formulado desde posiciones críticas, habiéndose destacado el desplazamiento de la centralidad que la condición humana ha tenido tradicionalmente en las concepciones liberales, en particular en aquellas relativas a la sanción punitiva ( Baratta , 1984), en beneficio de una relegitimación y búsqueda de sentido para la pena.

No obstante, que se señalen los aspectos contrastantes de las teorías sistémicas con las filosofías punitivas de contenido humanista no quiere decir que no se acepten las propuestas metodológicas de aquellas primeras que permiten analizar el sistema penal en el marco organizativo del Estado constitucional de Derecho. En efecto, en los últimos desarrollos de la ciencia constitucional se ha abierto paso una perspectiva que se autodenomina como organizacional la cual, sin menospreciar el criterio histórico prevaleciente, trata de estudiar a las Constituciones estatales teniendo en cuenta la capacidad organizativa que deben proyectar los principios y las normas constitucionales que los recogen sobre otros ámbitos de la vida social, también regulados por normas jurídicas, las cuales deben operar en consonancia con aquellas fundamentales. Esta visión sistémica es la que permite analizar el funcionamiento de los Estados constitucionales de Derecho, en el entrelazamiento entre sistema general y sub-sistemas particulares, con una perspectiva consecuencionalista ( Quiroga Lavié, 1998: 15)  6  .

Mas, a su vez, la idea de un Estado organizacional, en el sentido que se ha expuesto antes, debe ser proyectado a la forma del Estado social si se pretende que ésta sea aquella que simplemente otorga prestaciones o incluso si se conceptualiza como un Estado de "plena participación"  7  en cuyo marco los ciudadanos deben no sólo interponer acciones de control, pues también han de recibir ayudas (fomento) para poder competir en el mercado de bienes y servicios, de cara a un capitalismo monopólico, que no puede ser modelo para el crecimiento global y sostenido del sistema social. De tal manera, el Estado social no únicamente debe otorgar garantías jurídico-sociales en el plano formal y práctico, corresponde también que asegure el control ciudadano y jurisdiccional de la satisfacción de las mismas.

Lo dicho presupone, asimismo, que los Estados constitucionales deben compatibilizar el conjunto de valores que sostienen, con su capacidad para organizar sus actividades y con la plena participación de los ciudadanos, es decir respondiendo a sus exigencias y bajo el ejercicio de su control. De esto se extrae la conclusión que es imposible instaurar una organización estatal, por más eficiente que se la pretenda, sin la consideración central de los recipiendarios de sus acciones. Aquí es donde debe producirse una fuerte interacción de los distintos sectores de la actividad gubernamental con las instituciones democráticas a fin de evitar el contraste entre planteamiento consecuencionalista y desplazamiento de la atención a los seres humanos.

Esta última consideración ha sido objeto de especial análisis por un pensamiento de teoría política particularmente sensible a los problemas que emergieron en los procesos de transformación de los Estados liberales en Estados sociales si lo que se ha pretendido es no descuidar los aspectos democráticos, los cuales quedaron sometidos a riesgo. Las diferentes experiencias del Reino Unido, Francia y la República Federal de Alemania han servido como ejemplos, en algunos casos contrastantes, de realizaciones democráticas del bienestar ( Ashford , 1986).

Por lo tanto, si la perspectiva sistémica permite asentar una visión metodológica del funcionamiento y coherencia de los distintos sub-sistemas en relación al sistema social global, bajo la guía de las demandas y el control de los ciudadanos, es decir mediante prácticas democráticas, es conveniente ver si esto se verifica en el caso de los subsistemas penales, precisamente en los momentos de transición de la democracia social al neo-liberalismo excluyente. Es decir, el punto en cuestión es el relativo a la mayor o menor eficiencia que el sistema penal, planteado sobre bases iluministas, pero también correccionalistas y defensistas, y desarrollado en el marco de unas sociedades asentadas sobre el consenso y la solidaridad, sigue siendo idóneo para regular punitivamente comportamientos que responden a un nivel de complejidad y conflicto que no se manifestaba cuando ese sistema penal fue proyectado. A mí me parece que este aspecto, tan importante para verificar la eficiencia del sistema penal, no es objeto de atención preferente por las disciplinas que de ello deberían ocuparse en las áreas de influencia de la cultura continental-europea.

En todo caso, pienso que una razón para que esto se produzca debe buscarse en el terreno de aquellas disciplinas que tradicionalmente se han ocupado de los fenómenos criminales y, en particular, de aquellas desde las cuales puede observarse el funcionamiento de los aparatos e instancias de control de la criminalidad. Más aún, ubicado el ámbito de conocimiento y producción de saber criminológico, es en éste donde se constata una formación unilateral y deficiente de los especialistas en las materias relativas a tal conocimiento lo cual, como es comprensible, debe ser reprochado no sólo a los planes de estudio de las especialidades jurídicas y sociológicas -por la escasa atención que se le depara en estos campos a la preparación de los jóvenes juristas y científicos sociales- sino, principalmente, a la hegemonía que ejercen todavía las perspectivas intra-normativas en detrimento de las meta-normativas.

II. Pero, retornando a la posibilidad de verificar la eficiencia de los sistemas penales contemporáneos, me parece oportuno también señalar que, precisamente, la falta de adecuación de ellos a realidades sociales tan diferentes a aquellas para las que fueron pensados y aplicados con fines de prevención general y especial ha transformado sus expresiones jurídico-normativas y sus intervenciones ejecutivas -es decir, tanto la producción o creación de normas jurídico-penales como la aplicación de ellas- en meras funciones simbólicas. Este dato fue adelantado por una teoría funcionalista que ha pretendido dar respuesta a una cierta necesidad de encontrar una relación de correspondencia entre el empleo de instrumentos punitivos y la satisfacción de ciertas exigencias del sistema social global, definidas a priori ; esto ha estado orientado por encontrar lo que se denomina -con una expresión parsoniana- "los componentes del punto de equilibrio del sistema". No es sorprendente entonces que, como se puede verificar, la mayor atracción por la investigación sobre la eficiencia del Derecho y del sistema penal haya sido demostrada por autores cuya filiación ideológica proviene del funcionalismo (ver Kaiser , 1983: 88-92; 1985: 25, 89, 93, 177, 250, 252) aunque, asimismo, otros a quienes, en cambio, no se puede afiliar a una visión consensual del mundo social, sino a otra conflictual, también revelan una preocupación marcada por averiguar hasta dónde ese control social punitivo que se ejerce por medio del sistema penal genera consecuencias contra-productivas ( kontraproductives , Sack , 1985: 356).

II. 1. Tampoco cabe duda que la funcionalización del Derecho y del sistema penal, en su conjunto, pone de manifiesto una fuerte contradicción que afecta a principios fundamentales y organizativos de la capacidad punitiva del Estado social. Semejante contradicción es la que opone los fundamentos de la Rule of Law con la satisfacción de exigencias que se formulan a los instrumentos punitivo-estatales para que ellos logren el control de la criminalidad. En efecto, a medida que se verifica un mayor requerimiento social para que el sistema penal actúe con el máximo de vigor es cuando se producen los más altos riesgos de quebrantamiento de los principios del Estado de Derecho. Situaciones semejantes se han manifestado cuando determinadas emergencias han exigido una extralimitación del sistema penal; así el terrorismo, la criminalidad organizada, el tráfico y comercialización de sustancias prohibidas, o la acumulación de dinero proveniente de negocios ilegales, no han podido ser controladas como conductas criminales regladas por el ordenamiento jurídico pertinente, sino que lo han debido ser con un mayor agravamiento de las consecuencias jurídico-penales y con la adopción de medidas procesales de excepción. Esta pérdida de la calidad de ultima ratio del sistema penal ha servido para poner al descubierto unas tendencias autoritarias del derecho y del proceso penal, en tanto que éstos abandonan los principios iluministas de intervenir punitivamente sólo sobre acciones o conductas humanas que generan daños sociales, de la protección de bienes jurídicos o de la proporcionalidad de las penas y soslayan las garantías del juez natural, de la defensa en juicio, del empleo restrictivo de la prisión preventiva, etc. ( Moccia , 1997).

II. 2. Si lo que se acaba de exponer se revela en el terreno de la produción de normas -o sistema penal abstracto, como se ha denominado antes- mucho más se puede verificar en los distintos planos de intervención del sistema penal concreto o dinámico. En efecto, si las instancias de aplicación de este último han de operar en el marco de actividad que les predetermina el desarrollo de sus funciones, en aplicación de principios constitucionales -en particular el de legalidad abstracta-, tal como lo expresan las leyes orgánicas pertinentes, el contraste con los datos que surgen de la intervención policial, jurisdiccional y penitenciaria revela una clara actuación de estas instancias al filo y muchas veces al margen de aquellos principios. Un uso desproporcionado de la violencia por las policías que se aplican en el espacio de poder asignado a sus intervenciones ( Recasens/Domínguez, 1996), una crisis profunda de la administración de justicia (Bergalli, 1998) y una ampliación de "penas" que se agregan a la de privación de libertad que cumple la cárcel ( Rivera Beiras, 1996) constituyen las marcas de identidad del presente sistema penal concreto en España. No ocurre algo muy diferente en el ámbito europeo ( Ruggiero/ Ryan/Sim, 1995) y todo ello a causa de una ideología específica que ha sido llevada a término para suplir el "déficit de ejecución" del sistema penal o para satisfacer las exigencias políticas de un "Derecho penal simbólico", en pos de alcanzar una cierta eficiencia. Así ha sido demostrado mediante la crítica al agravamiento del instrumental del Derecho penal ( Hassemer , 1998: 60-62).

III. Incidentalmente, pero estrechamente relacionado con el aspecto de la eficiencia, interesa también destacar aquí que la funcionalización del Derecho y el sistema penal -tan brillantemente expuesta hace ya veinticinco años ( Hassemer , 1974)- ha llevado en Europa continental a la afirmación de que el Derecho penal es un instrumento de control social, lo cual, en mi opinión, constituye una falacia in terminis , tal como en algunas ocasiones he intentado demostrar ( Bergalli , 1986; 1998). No son tampoco ajenas a esta conceptualización ciertas corrientes que analizan el sistema penal desde perspectivas críticas de las ciencias sociales ( Lüderssen/ Sack, 1975). Sin embargo, se ha practicado un uso difuso de esa creencia por gran parte de la teoría jurídico-penal, en particular de lengua hispana, profundizando la confusión entre la tradición sociológica del control social con origen en la primera Escuela de Chicago y, luego, en la del estructural-funcionalismo parsoniano y mertoniano, con la politicológica europea continental que arranca en Nicoló Macchiavelli y se desenvuelve a lo largo de la Modernidad, atribuyendo el monopolio de la producción jurídica y el ejercicio de la violencia legítima al Estado. Es decir, que una cosa es el empleo de la categoría del control social para describir y analizar formas propias de organización que provienen de las mismas sociedades -como aconteció en el surgimiento de la sociedad norteamericana- y otra cosa es adscribir al control público o político, es decir al Estado, la organización y el comando de la sociedad, tal como lo revela la historia de los países europeos-continentales. En la primera, el movimiento organizativo discurrió desde abajo hacia arriba, mientras en la segunda el recorrido fue inverso, de arriba hacia abajo. De aquí proviene la escasa importancia que el Estado ha tenido para la investigación de la primera sociología en los Estados Unidos, mientras ella ha sido prioritaria en el conocimiento socio-político europeo. Esta confusión ha recibido abiertas objeciones por lo que supone como negativo para la adscripción de uno u otro tipo de control a diferentes tipos de organización social y a distintas concepciones de la democracia ( Melossi , 1990) y también por la carga ideológica, de censura social, que traduce el empleo de la categoría del control social en todo aquel campo de una sociología de la desviación, ya superado por las posiciones críticas y radicales ( Sumner , 1994). La posibilidad de delimitar los campos de actuación de ambos conceptos, el del control social en y desde la misma sociedad, y el del control público o político proyectado desde el Estado hacia la sociedad, serviría a dos objetivos: primero, el de establecer mayor claridad en el uso de categorías del conocimiento para distinguir epistemológicamente los problemas y las soluciones; segundo, el de delimitar los campos de actuación de ambos tipos diferentes de control. Todo esto ha sido ya objeto de análisis y debate ( Bergalli/Sumner, 1997).

Conclusión

Así las cosas, la búsqueda de la eficiencia del sistema penal contemporáneo se demuestra como una versión propia del funcionalismo estructural sistémico en el campo de la intervención punitivo-estatal que corresponde identificar en su filiación ideológica y en su instrumentalización política, tal como se ha pretendido hacer en esta intervención.

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Notas
* Universidad de Barcelona.
  1. Ver Diccionario de la Real Academia Española , t. I, Madrid, Espasa Calpe, 1992, p. 792.
  2. Ver ídem supra.
  3. Ver Pequeño Larousse Ilustrado -Lengua, Cultura-, Barcelona/México/París/Buenos Aires, Ed. Larousse, 1993, p. 378.
  4. Ver Diccionario de la Real Academia Española, cit., t. II, p. 1672.
  5. Éste es el caso de España, cuya Constitución de 1978, en su Título Primero (De los derechos y deberes fundamentale), Sección Segunda (De los derechos y deberes de los ciudadanos), ha establecido que "l gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía" (art. 31.2, CE). Por otro lado, en el Título Cuarto (Del Gobierno y la Administración) ha dispuesto que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" (art. 103.1, CE).
  6. Según sus partidarios el enfoque consecuencialista es, obviamente, una aplicación de técnicas de control sociológicas al campo de la interpretación jurídica. Ello lleva, necesariamente, a que los juristas (los intérpretes del derecho) tengan suficiente formación sociológica y organizacional, porque sin juristas no se puede gobernar. Los juristas cumplen una función de gobierno inexorable en el sistema social; de ellos no se puede prescindir. Los sociólogos, en cambio, no tienen ese poder en el sistema: su única alternativa, al menos hasta hoy, ha sido influir en la formación de los juristas ( Quiroga Lavié , op. cit., 16).
  7. Así en Argentina, Vanossi , 1982, en concordancia con Fortshoff 1986: 86, ambos citados por Quiroga Lavié, op. cit., 339

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