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Constitución de Bolivia. 2008/2009. Parte 2

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Parte 1 / Parte 2

090209 - Artículo 219. I. La Defensoría del Pueblo estará dirigida por la Defensora o el

Defensor del Pueblo, que ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin

posibilidad de nueva designación.

II. La Defensora o el Defensor del Pueblo no será objeto de persecución,

detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus

atribuciones.

Artículo 220. La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos

dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación

requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y

52

méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la

defensa de los derechos humanos.

Artículo 221. Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del Pueblo

se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar

con treinta años de edad cumplidos al momento de su designación y contar con probada

integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública.

Artículo 222. Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que

establecen la Constitución y la ley:

1. Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo

Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el

recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.

2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y

resoluciones no judiciales en materia de su competencia.

3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que

impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se

establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e

instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.

4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las

investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer

reserva alguna.

5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias

para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e

instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o

comportamientos contrarios a dichas formulaciones.

6. Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda

oponerse objeción alguna.

7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de

declaratoria de estado de excepción.

8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus

servicios.

9. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 223. Las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de

proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el

ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la

Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser

procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento.

Artículo 224. Cada año, la Defensora o el Defensor del Pueblo informará a la

Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre la situación de los derechos

humanos en el país y sobre la gestión de su administración. La Defensora o Defensor del

Pueblo podrá ser convocada o convocado en cualquier momento por la Asamblea

Legislativa Plurinacional o el Control Social, para rendir informe respecto al ejercicio de

sus funciones.

SECCIÓN II

53

MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 225. I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses

generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene

autonomía funcional, administrativa y financiera.

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de

legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.

Artículo 226. I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica

superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución.

II. El Ministerio Público contará con fiscales departamentales, fiscales de materia

y demás fiscales establecidos por la ley.

Artículo 227. I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos

tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La

designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad

profesional y méritos, a través de concurso público.

II. La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos generales de los

servidores públicos, así como los específicos establecidos para la Magistratura del

Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 228. La Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercerá sus funciones por

seis años, sin posibilidad de nueva designación.

CAPÍTULO TERCERO

FUNCIÓN DE DEFENSA DEL ESTADO

SECCIÓN I

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Artículo 229. La Procuraduría General del Estado es la institución de

representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y

precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por

la ley.

Artículo 230. I. La Procuraduría General del Estado está conformada por la

Procuradora o el Procurador General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos que

determine la ley.

II. La designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado

corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe

cumplir con los requisitos exigidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de

Justicia.

III. La designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los

miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a

sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en

las funciones de la persona designada.

Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las

determinadas por la Constitución y la ley:

1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su

representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en

54

todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y

la ley.

2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado.

3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades

jurídicas de la Administración Pública en los procesos que se sustancien ante

autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente,

debe instar al inicio de las acciones que correspondan.

4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las personas

particulares, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de

sus atribuciones. Esta información no se le podrá negar por ninguna causa ni

motivo; la ley establecerá las sanciones correspondientes.

5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el

enjuiciamiento de las servidoras públicas o los servidores públicos que, por

negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio del Estado.

6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que

conforman el Control Social, en los casos en que se lesionen los intereses del

Estado.

7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a

que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los

cuales tenga conocimiento.

8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

CAPÍTULO CUARTO

SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad,

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia,

igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y

resultados.

Artículo 233. Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan

funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera

administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las

designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento.

Artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere:

1. Contar con la nacionalidad boliviana.

2. Ser mayor de edad.

3. Haber cumplido con los deberes militares.

4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria

ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.

5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de

incompatibilidad establecidos en la Constitución.

6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.

7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Artículo 235. Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

1. Cumplir la Constitución y las leyes.

55

2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función

pública.

3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio

del cargo.

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y

administrativas en el ejercicio de la función pública.

5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines

electorales u otros ajenos a la función pública.

Artículo 236. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública:

I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo

completo.

II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde

prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración

Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona.

III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Artículo 237. I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública:

1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función

pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará el manejo de los

archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos.

2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser

comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de

calificación de la información reservada estará previsto en la ley.

II. La ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones.

Artículo 238. No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas

que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad:

1. Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que

tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres meses

antes al día de la elección.

2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales

que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos cinco

años antes al día de la elección.

3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no

hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el

Presidente y el Vicepresidente de la República.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo

que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.

5. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres

meses antes al día de la elección.

Artículo 239. Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora

pública o del servidor público, o de terceras personas.

2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de

ventajas personales del Estado.

56

3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados,

asesoras o asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan

relación contractual con el Estado.

Artículo 240. I. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su

mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley.

II. La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al

menos la mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar

durante el último año de la gestión en el cargo.

III. El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al

menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que

eligió a la servidora o al servidor público.

IV. La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá

de acuerdo a Ley.

V. Producida la revocatoria de mandato el afectado cesará inmediatamente en el

cargo, proveyéndose su suplencia conforme a ley.

VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del

cargo electo.

TÍTULO VI

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada,

participará en el diseño de las políticas públicas.

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en

todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas

que administren recursos fiscales.

III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos .

IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.

V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la

participación y control social.

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social

por parte de la sociedad.

Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las

previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades

territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en

todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el

control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz,

adecuada y oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato,

de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y

funciones del Estado.

57

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y

procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de

los cargos que correspondan.

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos

para los cargos públicos que correspondan.

TÍTULO VII

FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

CAPÍTULO PRIMERO

FUERZAS ARMADAS

Artículo 243. Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas

por el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos

efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Órgano

Ejecutivo.

Artículo 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y

conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía

del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno

legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país.

Artículo 245. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y

disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los

reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política;

individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las

condiciones establecidas por la ley.

Artículo 246. I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente

del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del

Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe.

II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las

operaciones.

Artículo 247. I. Ninguna extranjera ni ningún extranjero ejercerá mando ni

empleo o cargo administrativo en las Fuerzas Armadas sin previa autorización del

Capitán General.

II. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,

Jefe del Estado Mayor General, Comandantes y Jefes de Estado Mayor del Ejército,

Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de grandes unidades, será indispensable ser boliviana

o boliviano por nacimiento y reunir los requisitos que señale la ley. Iguales condiciones

serán necesarias para ser Viceministra o Viceministro del Ministerio de Defensa.

Artículo 248. El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, cuya

composición, organización y atribuciones determinará la ley, estará presidido por el

Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Artículo 249. Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de

acuerdo con la ley.

58

Artículo 250. Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme

con la ley respectiva.

CAPÍTULO SEGUNDO

POLICÍA BOLIVIANA

Artículo 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión

específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el

cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de

manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de

la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.

II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero

individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con

la ley.

Artículo 252. Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del

Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno.

Artículo 253. Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana

será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, General de la institución, y

reunir los requisitos que señala la ley.

Artículo 254. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Boliviana

pasarán a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure

el conflicto.

TÍTULO VIII

RELACIONES INTERNACIONALES, FRONTERAS, INTEGRACIÓN Y

REIVINDICACIÓN MARÍTIMA

CAPÍTULO PRIMERO

RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y

ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de

la soberanía y de los intereses del pueblo.

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá

por los principios de:

1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos

internos y solución pacífica de los conflictos.

2. Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo,

neocolonialismo e imperialismo.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales,

culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y

discriminación.

4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos.

6. Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado.

59

7. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de

formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de

plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.

8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de

importación, producción y comercialización de organismos genéticamente

modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.

9. Acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar y

desarrollo.

10. Preservación del derecho de la población al acceso a todos los

medicamentos, principalmente los genéricos.

11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las

exportaciones con valor agregado.

Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de

derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el

Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se

aplicarán de manera preferente sobre ésta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a

los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más

favorables.

Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del

ordenamiento jurídico interno con rango de ley.

II. Requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la

ratificación los tratados internacionales que impliquen:

1. Cuestiones limítrofes.

2. Integración monetaria.

3. Integración económica estructural.

4. Cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o

supranacionales, en el marco de procesos de integración.

Artículo 258. Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se

regularán por la ley.

Artículo 259. I. Cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante

referendo popular cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados

en el padrón electoral, o el treinta y cinco por ciento de los representantes de la Asamblea

Legislativa Plurinacional. Estas iniciativas podrán utilizarse también para solicitar al

Órgano Ejecutivo la suscripción de un tratado.

II. El anuncio de convocatoria a referendo suspenderá, de acuerdo a los plazos

establecidos por la ley, el proceso de ratificación del tratado internacional hasta la

obtención del resultado.

Artículo 260. I. La denuncia de los tratados internacionales seguirá los

procedimientos establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del

Derecho internacional, y los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para

su ratificación.

II. La denuncia de los tratados ratificados deberá ser aprobada por la Asamblea

Legislativa Plurinacional antes de ser ejecutada por la Presidenta o Presidente del Estado.

III. Los tratados aprobados por referendo deberán ser sometidos a un nuevo

referendo antes de su denuncia por la Presidenta o Presidente del Estado.

60

CAPÍTULO SEGUNDO

FRONTERAS DEL ESTADO

Artículo 261. La integridad territorial, la preservación y el desarrollo de zonas

fronterizas constituyen un deber del Estado.

Artículo 262. I. Constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilómetros

a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en

sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer

por ningún título aguas, suelo ni subsuelo; excepto en el caso de necesidad estatal

declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa

Plurinacional. La propiedad o la posesión afectadas en caso de incumplimiento de esta

prohibición pasarán a beneficio del Estado, sin ninguna indemnización.

II. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta a un régimen jurídico, económico,

administrativo y de seguridad especial, orientado a promover y priorizar su desarrollo, y a

garantizar la integridad del Estado.

Artículo 263. Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad

y control de las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las

políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizarán su presencia

física permanente en ellas.

Artículo 264. I. El Estado establecerá una política permanente de desarrollo

armónico, integral, sostenible y estratégico de las fronteras, con la finalidad de mejorar

las condiciones de vida de su población, y en especial de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos fronterizos.

II. Es deber del Estado ejecutar políticas de preservación y control de los recursos

naturales en las áreas fronterizas.

III. La regulación del régimen de fronteras será establecida por la ley.

CAPÍTULO TERCERO

INTEGRACIÓN

Artículo 265. I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa,

equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social,

política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en

particular, promoverá la integración latinoamericana.

II. El Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena

originario campesinos con los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 266. Las representantes y los representantes de Bolivia ante organismos

parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración se elegirán

mediante sufragio universal.

61

CAPÍTULO CUARTO

REIVINDICACIÓN MARÍTIMA

Artículo 267. I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e

imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio

marítimo.

II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el

ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e

irrenunciables del Estado boliviano.

Artículo 268. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de

la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será

ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley.

TERCERA PARTE

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

TÍTULO I

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Artículo 269

I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y

territorios indígena originario campesinos.

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por

voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la

Constitución y la ley.

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las

condiciones que determinen la ley.

Artículo 270

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales

descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien

común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género,

subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia,

participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta

Constitución.

Artículo 271

I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la

elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación

62

competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y

las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios de

votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 272

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos , y el ejercicio de las

facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.

Artículo 273

La ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y

territorios indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos.

Artículo 274

En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros

departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la

autonomía departamental mediante referendo.

Artículo 275

Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa

el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total

de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma

institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su

jurisdicción.

Artículo 276

Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual

rango constitucional.

CAPÍTULO SEGUNDO

AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL

Artículo 277

El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental,

con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus

competencias y por un órgano ejecutivo.

Artículo 278

I. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales,

elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por

asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario

campesinos, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos.

63

II. La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas

departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad

cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y

alternancia de género. Los Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la

realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

Artículo 279

El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en

condición de máxima autoridad ejecutiva.

CAPÍTULO TERCERO

AUTONOMÍA REGIONAL

Artículo 280

I. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica

y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia,

economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de

planificación y gestión.

Excepcionalmente una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que

por sí sola tenga las características definidas para la región. En las conurbaciones

mayores a 500.000 habitantes, podrán conformarse regiones metropolitanas.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y

procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

Donde se conformen regiones no se podrá elegir autoridades provinciales.

III. La región podrá constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los municipios que

la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferidas

por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental.

Artículo 281

El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional

con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus

competencias, y un órgano ejecutivo.

Artículo 282

I. Las y los miembros de la Asamblea Regional serán elegidas y elegidos en cada

municipio junto con las listas de candidatos a concejales municipales, de acuerdo a

criterios poblacionales y territoriales.

II. La región elaborará de manera participativa su Estatuto, de acuerdo a los

procedimientos establecidos para las autonomías regionales.

64

CAPÍTULO CUARTO

AUTONOMÍA MUNICIPAL

Artículo 283

El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un

órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.

Artículo 284

I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos

mediante sufragio universal.

II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos,

que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus

representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y

procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal.

III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de

concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación

de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será

aprobado según lo dispuesto por esta Constitución..

CAPÍTULO QUINTO

ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Artículo 285

I. Para ser candidata o candidato a un cargo electivo de los órganos ejecutivos de las

gobiernos autónomos se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al

servicio público, y:

1. Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente

anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente.

2. En el caso de la elección de la Alcaldesa o del Alcalde y de la autoridad regional

haber cumplido veintiún años.

3. En el caso de la elección de Prefecta o Prefecto y Gobernador o Gobernadora haber

cumplido veinticinco años.

II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos

autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por

una sola vez.

Artículo 286

I. La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo

corresponderá a un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico

o Carta Orgánica según corresponda.

II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima

autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección,

65

siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la

sustituta o sustituto será una autoridad ya electa definida de acuerdo al Estatuto

Autonómico o Carta Orgánica según corresponda.

CAPÍTULO SEXTO

ÓRGANOS LEGISLATIVOS, DELIBERATIVOS Y FISCALIZADORES DE LOS

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Artículo 287

I. Las candidatas y los candidatos a los concejos y a las asambleas de los gobiernos

autónomos deberán cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público,

y:

1. Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente

anteriores a la elección en la jurisdicción correspondiente.

2. Tener 18 años cumplidos al día de la elección.

II. La elección de las Asambleas y Concejos de los gobiernos autónomos tendrá lugar en

listas separadas de los ejecutivos.

Artículo 288

El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos

autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por

una sola vez.

CAPÍTULO SÉPTIMO

AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 289

La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio

de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos,

cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o

instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

Artículo 290. I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina

se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones,

y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y

la ley.

II. El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá

de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus

atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley.

Artículo 291. I. Son autonomías indígena originario campesinas los territorios

indígena originario campesinos, y los municipios, y regiones que adoptan tal cualidad de

acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley.

66

II. Dos o más pueblos indígenas originarios campesinos podrán conformar una sola

autonomía indígena originaria campesina.

Artículo 292. Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su

Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la

Ley.

Artículo 293. I. La autonomía indígena basada en territorios indígenas

consolidados y aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad

expresada de su población en consulta en conformidad a sus normas y procedimientos

propios como único requisito exigible.

II. Si la conformación de una autonomía indígena originario campesina afectase

límites de distritos municipales, el pueblo o nación indígena originario campesino y el

gobierno municipal deberán acordar una nueva delimitación distrital. Si afectase límites

municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa

Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones

particulares que señale la Ley.

III. La Ley establecerá requisitos mínimos de población y otros diferenciados para

la constitución de autonomía indígena originario campesina.

IV. Para constituir una autonomía indígena originario campesina cuyos territorios

se encuentren en uno o más municipios, la ley señalará los mecanismos de articulación ,

coordinación y cooperación para el ejercicio de su gobierno.

Artículo 294. I. La decisión de constituir una autonomía indígena originario

campesina se adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos de consulta , conforme

a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley.

II. La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originario

campesina se adoptará mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones

establecidos por ley.

III. En los municipios donde existan comunidades campesinas con estructuras

organizativas propias que las articulen y con continuidad geográfica, podrá conformarse

un nuevo municipio, siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa

Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento de requisitos y condiciones

conforme a la Constitución y la ley.

Artículo 295. I Para conformar una región indígena originario campesina que

afecte límites municipales deberá previamente seguirse un procedimiento ante la

Asamblea Legislativa Plurinacional cumpliendo los requisitos y condiciones particulares

señalados por Ley.

II. La agregación de municipios, distritos municipales y/o autonomías indígena

originario campesinas para conformar una región indígena originario campesina, se

decidirá mediante referendo y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta

según corresponda y conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la

Constitución y la Ley.

Artículo 296. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se

ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación

67

que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, establecidas en sus estatutos y en

sujeción a la Constitución y a la Ley..

CAPÍTULO OCTAVO

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 297

I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere

ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada

materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y

delegar estas dos últimas.

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del

Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y

ejecutiva.

d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa

Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades

territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La

reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel

central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.

Artículo 298

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

1. Sistema financiero.

2. Política monetaria, Banco Central, sistema monetario, y la política cambiaria.

3. Sistema de pesas y medidas, así como la determinación de la hora oficial.

4. Régimen aduanero.

5. Comercio Exterior.

6. Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boliviana.

7. Armas de fuego y explosivos.

8. Política exterior.

9. Nacionalidad, ciudadanía, extranjería, derecho de asilo y refugio.

10. Control de fronteras en relación a la seguridad del Estado.

11. Regulación y políticas migratorias.

12. Creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del

Estado.

13. Administración del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entidades públicas

del nivel central del Estado.

14. Control del espacio y tránsito aéreo,en todo el territorio nacional. Construcción, mantenimiento y

administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.

15. Registro Civil.

68

16. Censos oficiales.

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación.

18. Hidrocarburos.

19. Creación de impuestos nacionales , tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del

nivel central del Estado.

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.

21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial,

minería y electoral.

22. Política económica y planificación nacional

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales,

y consultas nacionales.

2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones.

3. Servicio postal.

4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro

electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.

7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques.

8. Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el

sistema interconectado.

9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red

Fundamental.

10. Construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y ferrocarriles de la Red

Fundamental.

11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado

12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodesia.

13. Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.

14. Otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen

Actividades en más de un Departamento.

15. Otorgación y registro de personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales,

Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de

un Departamento.

16. Régimen de Seguridad Social.

17. Políticas del sistema de educación y salud

18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico

municipal.

19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado.

20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales.

21. Sanidad e inocuidad agropecuaria.

22. Control de la administración agraria y catastro rural .

23. Política fiscal

24. Administración de Justicia

25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural. histórico, artístico,

69

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e

intangible de interés del nivel central del Estado.

26. Expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública, conforme al procedimiento

establecido por Ley.

27. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros de

interés del nivel central del Estado.

28. Empresas públicas del nivel central del Estado.

29. Asentamientos humanos rurales

30. Políticas de servicios básicos

31. Políticas y régimen laborales

32. Transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a mas de un departamento.

33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial

34. Deuda pública interna y externa

35. Políticas generales de desarrollo productivo

36. Políticas generales de vivienda

37. Políticas generales de turismo

38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las

autonomías.

Artículo 299

I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las

entidades territoriales autónomas:

1. Régimen electoral departamental y municipal.

2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.

3. Electrificación urbana

4. Juegos de lotería y de azar.

5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado.

6. Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre

vecinos sobre asuntos de carácter municipal.

7. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos

autónomos.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las

entidades territoriales autónomas:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo

el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

2. Gestión del sistema de salud y educación.

3. Ciencia, tecnología e investigación.

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.

5. Servicio metereológico.

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del

Estado.

70

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.

8. Residuos industriales y tóxicos.

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos

10. Proyectos de riego.

11. Protección de cuencas.

12. Administración de puertos fluviales

13. Seguridad ciudadana.

14. Sistema de control gubernamental.

15. Vivienda y vivienda social.

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca

Artículo 300

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la

Ley.

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su

competencia

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las políticas

nacionales.

5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación

con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino.

6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados.

7. Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras de la red

departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en defecto

del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste.

8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las

políticas estatales, interviniendo en los de las Red fundamental en coordinación con el nivel central

del Estado.

9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el

departamento.

10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales.

11. Estadísticas departamentales

12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en el

departamento.

13. Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y entidades

civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento.

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.

15. Proyectos de electrificación rural.

16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental preservando

la seguridad alimentaria.

17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción

18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.

19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico, monumental,

71

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.

20. Políticas de turismo departamental.

21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción.

22. Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no

sean análogos a los impuestos nacionales o municipales .

23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental.

24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental.

25. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública

departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones

administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de

interés público.

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e

inherentes a los ámbitos de sus competencias.

28. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros

departamentales.

29. Empresas públicas departamentales.

30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y

personas con discapacidad.

31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.

32. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental.

33. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en

el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector.

34. Promoción de la inversión privada en el departamento en el marco de las políticas económicas

nacionales

35. Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional

36. Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación, los

que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental

II. Los Estatutos Autonómicos Departamentales podrán a su vez definir como

concurrentes algunas de sus competencias exclusivas, con otras entidades territoriales del

departamento.

III. Serán también de ejecución departamental las competencias que le sean transferidas o

delegadas.

Artículo 301

La región, una vez constituida como autonomía regional, recibirá las competencias que le

sean transferidas o delegadas.

Artículo 302

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su

jurisdicción:

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta

72

Constitución y la Ley.

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su competencia

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas

nacionales.

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna

silvestre y animales domésticos

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los

planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas .

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los

pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.

9. Estadísticas municipales

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros

técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para

los Gobiernos Municipales.

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de

alcance municipal.

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para

el consumo humano y animal.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico, monumental,

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.

17. Políticas de turismo local.

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial,

administración y control del tránsito urbano.

19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean

análogos a los impuestos nacionales o departamentales.

20 Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales

de carácter municipal.

21. Proyectos de infraestructura productiva.

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública

municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones

administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de

interés público

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e

inherentes a los ámbitos de sus competencias.

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros

municipales.

26. Empresas públicas municipales.

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado.

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de

dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.

73

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos.

33. Publicidad y propaganda urbana.

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros municipios.

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo

y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y

ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus

resoluciones emitidas.

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal.

38. Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y

personas con discapacidad.

40. Servicios básicos así como aprobaciòn las tasas que correspondan en su jurisdicción.

41. Aridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando

corresponda

42. Planificacion del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y

nacional

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en

el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector.

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o

delegadas.

Artículo 303

I. La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, asumirá las

de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las

características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de

Autonomías y Descentralización.

II. La región indígena originario campesina, asumirá las competencias que le sean

transferidas o delegadas.

Artículo 304

I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes

competencias exclusivas:

1. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución y la ley.

2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y

cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo.

3. Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la Constitución.

4. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los

74

planes del nivel central del Estado, departamentales, y municipales.

5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción.

6. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.

7. Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de la política

del Estado.

8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de justicia y

resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la

Constitución y la ley.

9. Deporte, esparcimiento y recreación.

10. Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte,

identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos.

11. Políticas de Turismo.

12. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de

acuerdo a Ley.

13. Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción.

14. Elaborar, aprobar y ejecutara sus programas de operaciones y su presupuesto.

15. Planificación y gestión de la ocupación territorial.

16. Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el

ámbito de su jurisdicción.

17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas.

18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego

19. Fomento y desarrollo de su vocación productiva.

20. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo

en su jurisdicción.

21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a

la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.

22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales,

tecnológicas, espaciales e históricas.

23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y

procedimientos propios.

II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes

competencias compartidas:

1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado.

2. Participación y control en el aprovechamiento de áridos.

3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de

recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley.

4.Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en

su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y

patrimonio natural.

III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes

competencias concurrentes:

75

1.Organización, planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción.

2. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia,

tecnología e investigación, en el marco de la legislación del Estado.

3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente

4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la política del

Estado, al interior de su jurisdicción.

5. Construcción de sistemas de microriego.

6. Construcción de caminos vecinales y comunales

7. Promoción de la construcción de infraestructuras productivas.

8. Promoción y fomento a la agricultura y ganadería.

9. Control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburíferas y mineras que se

desarrollan en su jurisdicción.

10. Sistemas de control fiscal y administración de bienes y servicios.

IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias serán transferidos

automáticamente por el Estado Plurinacional de acuerdo a la ley.

Artículo 305

Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la

definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su

ejercicio.

76

CUARTA PARTE

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

TÍTULO I

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 306. I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a

mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica

sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución,

igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La

economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien

colectivo.

IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución

podrán constituir empresas mixtas.

V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo

mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales,

de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.

Artículo 307. El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la

organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria

comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los

principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.

Artículo 308. I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para

que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica

del país.

II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades

empresariales, que serán reguladas por la ley.

Artículo 309. La forma de organización económica estatal comprende a las

empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes

objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los

recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los

procesos de industrialización de dichos recursos.

2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o

por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas.

3. Producir directamente bienes y servicios.

4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la

población.

5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así

como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios.

77

Artículo 310. El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de

trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la

organización de cooperativas en actividades de producción.

Artículo 311. I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta

Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley.

II. La economía plural comprende los siguientes aspectos:

1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos

de planificación.

2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán

administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y

colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y

pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo

establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización

económica del Estado.

3. La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la

exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco

del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza.

4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores

estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de

todas las bolivianas y todos los bolivianos.

5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica.

6. El Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como

alternativa solidaria en el área rural y urbana.

Artículo 312. I. Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de

la soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder

económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado.

II. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar

trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la

pobreza.

III. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger

el medio ambiente.

Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el

logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana

establece los siguientes propósitos:

1. Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos

individuales, así como de los derechos de los pueblos y las naciones.

2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los

excedentes económicos.

3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos.

4. La reducción de las desigualdades regionales.

5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales.

6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato

productivo.

Artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como

cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas,

78

bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y

comercialización de bienes y servicios.

Artículo.- 315

I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas jurídicas legalmente

constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento

del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción

y comercialización de bienes y/o servicios.

II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con

posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número

de socios no menor a la división de la superficie total entre cinco mil hectáreas,

redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior.

CAPÍTULO SEGUNDO

FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y

consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal,

que incorporará a todas las entidades territoriales.

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta

Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de

bienes y servicios.

3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía

4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de

bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y

social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía

5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con

el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales

renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio

ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y

sociales para la población.

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos

económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y

económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que

se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.

9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general

de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización

económica.

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la

transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de

industrialización.

11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.

79

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento

de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las

instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

CAPÍTULO TERCERO

POLÍTICAS ECONÓMICAS

Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y

comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma

adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales.

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y

los servicios básicos para el sector productivo.

IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como

fundamento de las políticas de desarrollo del país.

V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y

los servicios.

Artículo 319. I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las

políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los

derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios. La

articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno

será prioritaria en las políticas económicas del Estado.

II. En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el

Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización, los impuestos,

regalías y participaciones correspondientes que deban pagarse a la hacienda pública.

Artículo 320. I. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión

extranjera.

II. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las

autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a

reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.

III. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en

condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o

empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los

bolivianos.

IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica

interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de

estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades

multilaterales ni empresas transnacionales.

V. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos hechos

en Bolivia.

80

SECCIÓN I

POLÍTICA FISCAL

Artículo 321. I. La administración económica y financiera del Estado y de todas

las entidades públicas se rige por su presupuesto.

II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de

mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las

asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la

vivienda y el desarrollo productivo.

III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al

menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del

Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del

sector público.

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá

establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si

el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a

la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso

incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la

Policía Boliviana.

Artículo 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación

de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el

capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad,

control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados

por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio

exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o

eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El

dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado

por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente..

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los

impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal.

IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los

gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes:

1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los

correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales

o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que

pertenezcan.

2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios

localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus

81

ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace

extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el

establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su

jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y

contribuciones especiales.

4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes

discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas,

patentes y contribuciones especiales.

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al

Estado.

Artículo 325. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la

usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán

penados por ley.

SECCIÓN II

POLÍTICA MONETARIA

Artículo 326. I. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los

objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco

Central de Bolivia.

II. Las transacciones públicas en el país se realizarán en moneda nacional.

Artículo 327. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público,

con personalidad jurídica y patrimonio propio.. En el marco de la política económica del

Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder

adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Artículo 329. I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por

una Presidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por la

Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas por la Asamblea

Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos.

II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus

funciones cinco años, sin posibilidad de reelección. Serán considerados servidoras y

servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los requisitos particulares

para el acceso al cargo serán determinados por la ley.

III. La Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir

informes y cuentas sobre las funciones de la institución, cuantas veces sean solicitados

por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus Cámaras. El Banco Central de Bolivia

82

elevará un informe anual a la Asamblea Legislativa y está sometido al sistema de control

gubernamental y fiscal del Estado.

SECCIÓN III

POLÍTICA FINANCIERA

Artículo 330. I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad

de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.

II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios

financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios,

organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

III. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con

fines de inversión socialmente productiva.

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no

reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. Éstas

obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración financiera, que

será usado en caso de insolvencia bancaria.

V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes

niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su

creación.

Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de

servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo,

aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser

ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.

Artículo 332. I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por

una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá

carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.

II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades

financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de entre una terna

propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento

establecido en la ley.

Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o

jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los

procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en

los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas

por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones

financieras, sin que sea necesaria autorización judicial.

SECCIÓN IV

POLÍTICAS SECTORIALES

Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y

fomentará:

1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones

de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La

83

política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los

créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las

áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al

crédito y a la asistencia técnica.

3. La producción artesanal con identidad cultural.

4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas

campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes

gozarán de preferencias en las compras del Estado.

Artículo 335. Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de

interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán

administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y

vigilancia será realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisada por

el Órgano Electoral Plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por

la ley.

Artículo 336. El Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria

para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento.

Artículo 337. I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las

culturas y el respeto al medio ambiente.

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

Artículo 338. El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como

fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

CAPÍTULO CUARTO

BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN

Artículo 339. I. El Presidente de la República podrá decretar pagos no

autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades

impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del

agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría

graves daños Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del

total de egresos autorizados por el Presupuesto General.

II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad

del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no

podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario,

administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán

regulados por la ley.

III. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el plan general de desarrollo

económico y social del país, el Presupuesto General del Estado y con la ley.

Artículo 340.

I. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales, e

indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus

Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos.

84

II. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e

indígena originario campesinos.

III. Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario

campesinas, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes

del nivel nacional, no serán centralizados en el Tesoro Nacional.

IV. El Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración

y presentación del los proyectos de presupuestos de todo el sector público,

incluidas las autonomías.

Artículo 341.

Son recursos departamentales:

1. Las regalías departamentales creadas por ley;

2. La participación en recursos provenientes de impuestos a los Hidrocarburos

según los porcentajes previstos en la Ley.

3. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los

recursos naturales.

4. Las transferencias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en

servicios personales de salud, educación y asistencia social;

5. Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos

establecidos en el artículo 339.I de esta Constitución.

6. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas

de endeudamiento público y del sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público.

7. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajenación de

activos .

8. Los legados, donaciones y otros ingresos similares.

TÍTULO II

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO

CAPÍTULO PRIMERO

MEDIO AMBIENTE

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como

mantener el equilibrio del medio ambiente.

Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión

ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran

afectar a la calidad del medio ambiente.

Artículo 344. I. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y

nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de

residuos nucleares y desechos tóxicos.

II. El Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de

técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente.

85

Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en:

1. La planificación y gestión participativas, con control social.

2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de

calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción

de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio

ambiente.

3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños

medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las

normas de protección del medio ambiente.

Artículo 346. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico

para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio

de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no

comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios

y disposiciones para su gestión.

Artículo 347. I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos

nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la

responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los

delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en

todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir

los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán

las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos

ambientales.

CAPÍTULO SEGUNDO

RECURSOS NATURALES

Artículo 348. I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los

hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el

espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de

aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el

desarrollo del país.

Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo,

indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su

administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y

colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros

recursos naturales.

III. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no

involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido

en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica

del Estado.

86

Artículo 350. Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno

derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo

con la ley.

Artículo 351. I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración,

explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales

estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a

su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

II. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas,

bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo

asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país.

III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando

el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales . En la gestión y

administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la

sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo.

IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías

cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den

lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos

naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la

Constitución y la ley.

Artículo 352. La explotación de recursos naturales en determinado territorio

estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado,

que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso

de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con

la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la

consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios

provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una

participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las

naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 354. El Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al

manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad.

Artículo 355. I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales

será prioridad del Estado.

II. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos

naturales serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en

los diferentes niveles territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios

será sancionada por la ley.

III. Los procesos de industrialización se realizarán con preferencia en el lugar de

origen de la producción y crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el

mercado interno e internacional.

Artículo 356. Las actividades de exploración, explotación, refinación,

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables

tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.

Artículo 357. Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni

empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la

propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá

87

utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La

anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado.

Artículo 358. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos

naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos

estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas,

económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o

anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

CAPÍTULO TERCERO

HIDROCARBUROS

Artículo 359. I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren

o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del

pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la

propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su

comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los

hidrocarburos será propiedad del Estado.

II. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, tácita o

expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el

caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan

acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria.

Artículo 360. El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su

desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética.

Artículo 361. I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una

empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión

administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos.

YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la

única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y

su comercialización.

II. YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o

modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente.

Artículo 362. I. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de

prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o

extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen

determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por

sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso

pérdidas para YPFB o para el Estado.

II. Los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de

hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la

Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización serán nulos

de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna.

Artículo 363. I. La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos

(EBIH) es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión

administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB,

que actúa en el marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será responsable de

88

ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización de los

hidrocarburos.

II. YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la

ejecución de las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización,

transporte y comercialización de los hidrocarburos. En estas asociaciones o sociedades,

YPFB contará obligatoriamente con una participación accionaria no menor al cincuenta y

uno por ciento del total del capital social.

Artículo 364. YPFB, en nombre y representación del Estado boliviano, operará y

ejercerá derechos de propiedad en territorios de otros estados.

Artículo 365. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de

gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, será

responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena

productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos

conforme con la ley.

Artículo 366. Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la

cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán

sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del

Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán

invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a

reclamaciones diplomáticas.

Artículo 367. La explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y

sus derivados deberán sujetarse a una política de desarrollo que garantice el consumo

interno. La exportación de la producción excedente incorporará la mayor cantidad de

valor agregado.

Artículo 368. Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una

regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos.

De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos y el Tesoro General

del Estado obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una

ley especial.

CAPÍTULO CUARTO

MINERÍA Y METALURGIA

Artículo 369. I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se

encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada

por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria

minera privada y sociedades cooperativas.

II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras,

evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

III. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y

metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera.

IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera

y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos

mineros o derechos preconstituidos.

89

Artículo 370. I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena

productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo

cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

II. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que

contribuyan al desarrollo económico social del país.

III. El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos

mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus

titulares.

IV. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección,

exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o

metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho.

V. El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera

para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta obligación dará

lugar a su resolución inmediata.

VI. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará

políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización,

comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos

naturales no renovables para el desarrollo minero.

Artículo 371. I. Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son

intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria.

II. El domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción

local donde se realice la mayor explotación minera.

Artículo 372. I. Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros

nacionalizados, sus plantas industriales y sus fundiciones, los cuales no podrán ser

transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título.

II. La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo

de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley.

III. El Estado deberá participar en la industrialización y comercialización de los

recursos mineralógicos metálicos y no metálicos, regulado mediante la ley.

IV. Las nuevas empresas autárquicas creadas por el Estado establecerán su

domicilio legal en los departamentos de mayor producción minera, Potosí y Oruro.

CAPÍTULO QUINTO

RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en

el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la

base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad

y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos,

constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social,

cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y

tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de

licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

90

Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para

la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y

sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al

agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los

usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las

comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria

campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales

y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección,

preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables,

inembargables e imprescriptibles.

Artículo 375. I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación,

manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de

las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y

costumbres de las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles

y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman

las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que

contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos

estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las

nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o

disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y

bienestar de la población.

Artículo 377. I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los

recursos hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado.

II. El Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y

transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la

integración de los pueblos.

CAPÍTULO SEXTO

ENERGÍA

Artículo 378. I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un

recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo

integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad,

adaptabilidad y preservación del medio ambiente.

II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva

energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas

públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y

empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena

productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá

concesionarse. La participación privada será regulada por la ley.

91

Artículo 379. I. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de

nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación

del ambiente.

II. El Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno; la

exportación de los excedentes de energía debe prever las reservas necesarias para el país.

CAPÍTULO SÉPTIMO

BIODIVERSIDAD, COCA, ÁREAS PROTEGIDAS Y RECURSOS FORESTALES

SECCIÓN I

BIODIVERSIDAD

Artículo 380. I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera

sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema.

II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme

con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y

ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas,

culturales y político institucionales. La ley regulará su aplicación.

Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y

vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación,

aprovechamiento y desarrollo.

II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se

encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su

uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que

salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los

sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el

Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley.

Artículo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección

y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los

conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio.

Artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total,

temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las

medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación

y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la

tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.

SECCIÓN II

COCA

Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio

cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de

cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción,

comercialización e industrialización se regirá mediante la ley.

92

SECCIÓN III

ÁREAS PROTEGIDAS

Artículo 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte

del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales,

sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario

campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos,

respetando el objeto de creación de estas áreas.

SECCIÓN IV

RECURSOS FORESTALES

Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter

estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de

aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo

promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación

de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques

naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la

conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de

relevancia socioeconómica, cultural y ecológica.

Artículo 388. Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de

áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su

gestión, de acuerdo con la ley.

Artículo 389. I. La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos

agropecuarios u otros, sólo procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de

acuerdo con las políticas de planificación y conforme con la ley.

II. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos

internos, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos de

agua.

III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá

infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados.

CAPÍTULO OCTAVO

AMAZONIA

Artículo 390. I. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico

de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad

ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones.

II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la

provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del

departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonia boliviana, como espacio

93

territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas

características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en

beneficio de la región y del país.

Artículo 391. I. El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la

amazonia boliviana, a través de una administración integral, participativa, compartida y

equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de

empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y

sustentabilidad del medio ambiente.

II. El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas,

ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional.

III. El Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas

y los habitantes de la amazonia, creará un organismo especial, descentralizado, con sede

en la amazonia, para promover actividades propias de la región.

Artículo 392. I. El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región para generar las

condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización,

comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales.

II. Se reconoce el valor histórico cultural y económico de la siringa y del castaño,

símbolos de la amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de

interés público regulados por la ley.

CAPÍTULO NOVENO

TIERRA Y TERRITORIO

Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y

comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función

económica social, según corresponda.

Artículo 394. I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana

y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo.

Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán

reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios

particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena

originario campesinos.

II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar

inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La

indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones

establecidas por ley.

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva,

que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades

interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se

declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está

sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas

reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando

la unidad territorial con identidad.

94

Artículo 395. I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario

campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades

campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política

estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades

poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con

las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso,

distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión

conyugal.

II. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de

tierras entregadas en dotación.

III. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta

fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra.

Artículo 396. I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación

en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies

menores a la establecida para la pequeña propiedad.

II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del

Estado.

Artículo 397. I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y

conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función

social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la

naturaleza de la propiedad.

II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la

tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el

que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de

bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función

social se reconocen las normas propias de las comunidades.

III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de

la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso

mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad

empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de

la función económica y social.

Artículo 398(opción A para el Referendo Dirimitorio). Se prohíbe el latifundio

y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se

entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la

función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de

servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que

sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso

superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas.

Artículo 398 (opción B para el Referendo Dirimitorio). Se prohíbe el latifundio

y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se

entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la

función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de

servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que

sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la

superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas.

95

Artículo 399

I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se

hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la

irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad

agraria de acuerdo a Ley.

II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán

expropiadas.. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles

dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La

prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente

adquiridos.

Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al

interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la

superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su

establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado

establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad.

Artículo 401. I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia

latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y

propiedad del pueblo boliviano.

II. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad

pública, y previo pago de una indemnización justa.

Artículo 402. El Estado tiene la obligación de:

1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional

distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos

naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud,

seguridad alimentaría y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado

y la conservación del medio ambiente.

2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra

las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Artículo 403. I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario

campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los

recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta

previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los

recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de

aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la

definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de

convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos

podrán estar compuestos por comunidades.

II. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción,

áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de

96

reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el

reconocimiento de estos derechos.

Artículo 404. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad

es el Presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar

el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país.

TÍTULO III

DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE

Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las

políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de:

1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria,

manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia

comercial.

2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción

agropecuarias y agroindustriales.

3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo

rural en relación con el resto de la economía boliviana.

4. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas

en todas las dimensiones de su vida.

5. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de

la economía familiar y comunitaria.

Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por

medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos

naturales renovables.

II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas

rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores

agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas

comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de

acuerdo a su identidad cultural y productiva.

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado,

en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas:

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano.

2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana.

3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.

4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e

inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro

agrario.

5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos

sus niveles y modalidades.

97

6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la

conservación y recuperación de suelos.

7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria.

8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.

9. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética.

10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con

debilidad estructural natural.

11. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos.

12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la

inocuidad alimentaria.

13. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos

para el sector agropecuario.

Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y

medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio

inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía.

Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos

será regulada por Ley.

QUINTA PARTE

JERARQUÍA NORMATIVA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO ÚNICO

PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 410. I.Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos

públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente

Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de

las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de

las entidades territoriales:

1.- Constitución Política del Estado.

2.- Los tratados internacionales

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto

de legislación departamental, municipal e indígena

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos

ejecutivos correspondientes.

Artículo 411. I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus

bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la

Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria

98

plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del

referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por

ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa

Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente

se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos

tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará

referendo constitucional aprobatorio.

II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular,

con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea

Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos

tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. I. El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la

promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la

elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la

República; la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009.

II. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en

cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.

III. Las elecciones de autoridades departamentales y municipales se realizarán el 4

de abril de 2010.

IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales

Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades

electas de conformidad con el párrafo anterior.

Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo

de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral

Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del

Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y

Descentralización.

Tercera I. Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en

el referendo del 2 de julio de 2006, accederán directamente al régimen de autonomías

departamentales, de acuerdo con la Constitución.

II. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el

referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y

sujetarlos a control de constitucionalidad.

Cuarta. La elección de las autoridades de los órganos comprendidos en la

disposición segunda, se realizarán de conformidad al calendario electoral establecido por

el Órgano Electoral Plurinacional.

99

Quinta. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se

aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.

Sexta. En el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del

Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial.

Séptima. A efectos de la aplicación del parágrafo I del artículo 293 de esta

Constitución, el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las Tierras

Comunitarias de Origen. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y

Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite

administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino, en el marco

establecido en esta Constitución.

Octava. I En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del

Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad,

telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento

jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso

supondrá desconocimiento de derechos adquiridos..

II. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales

metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las

reservas fiscales del territorio boliviano .

III. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras

con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año,

deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.

IV. El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades

cooperativas mineras, por su carácter productivo social.

V. Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la

promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.

Novena. Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la

contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el

plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en

su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.

Décima. El requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño

de funciones públicas determinado en el Artículo 235. 7 será de aplicación progresiva de

acuerdo a Ley.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

Disposición abrogatoria. Queda abrogada la Constitución Política del Estado de

1967 y sus reformas posteriores.

100

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Constitución, aprobada en referendo por el pueblo boliviano entrará en

vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial.

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