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Comunicación Social / Social Communication
Regular el periodismo

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No puede existir sino en función de la sociedad

El periodista pertenece a una especie de casta paria que la ‘sociedad’ juzga siempre de acuerdo con el comportamiento de sus miembros moralmente peores (…)
Pocas gentes saben apreciar que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la del sabio (…).
Max Weber, La política como vocación


Regular el periodismo es un riesgo; no regularlo, un peligro. Temerosos del riesgo, legisladores y periodistas optan por el peligro. Y deciden abstenerse. El resultado es la ausencia, o incumplimiento, de normas. Así, el periodismo se sujeta únicamente a sus principios. La mejor ley, la más atractiva, es la que no existe. La apuesta "segura" –se afirma, se convence– es la autorregulación. Pero ésta, cuando logra abrirse paso, resulta insuficiente.

De tanto en tanto, cual tentación cíclica, aparecen señales y propuestas que, cansadas de soportar el peligro, desafían el riesgo. El argumento parece consistente: la información no es sólo ejercicio de libertades, sino también espacio de responsabilidades. Hay, pues, que equilibrar ambos (convicciones/efectos) mediante instrumentos de regulación. El resultado son proyectos de ley que, como fatalidad, reciben la condena de los amantes de la anomia. Temerosos, los proyectistas abandonan pronto su propósito. Y como la no decisión es también una decisión, la suma de la contienda es cero.

  I. Ya se ha dicho. La historia, cuando no se aprende, se repite como caricatura. En materia de legislación para los medios de difusión esta trama es harto conocida. La "normalidad" se nutre de la antinormalidad, y se consolida porque periódicamente surgen intentos por cambiarla. Cada vez que se diseñan bosquejos de normas para los mass media, la opción por las no normas sale fortalecida. En materia de comunicación, como en la oscuridad, "se retrocede con seguridad, pero se avanza a tientas".

No es novedad: el terreno de los medios está salpicado de malogrados "Proyectos de Leyes Generales de Comunicación Social". Normas que, independientemente de sus contenidos y propósitos, son estigmatizadas por definición, descalificadas por principio y etiquetadas por tradición: "leyes mordaza". Y terminan abandonadas, como las malas promesas, en la vereda de las buenas intenciones. Como bien diría, con tono de lamento, un columnista del semanario etcétera en referencia al abortado intento de diseñar y discutir (en octubre de 1998) una legislación federal en este campo: "… si alguien considera conveniente poner a discusión ese tema, de manera inmediata se encuentra prácticamente a las puertas del infierno".1 Y las temporadas en el infierno –nos lo enseñó el joven Rimbaud– provocan tantos desvaríos como las temporadas en el paraíso.

Pero la obsesión por el control de los medios desde el poder político no es sólo un invento de los hombres y mujeres del periodismo; es también una sabrosa tentación. Baste recordar el frustrado intento de los gobiernos iberoamericanos cuando, en la Cumbre Presidencial de Margarita, a mediados de 1997, buscaron aprobar el llamado derecho a la "información veraz", reservándose para ellos, claro, el monopolio de definir qué era veraz –y qué no– en la información: una vulgar forma de censura. Por pasarse de listos, pecaron de ingenuos. Y renovaron la distorsión: no son pocos quienes siguen creyendo que el periodismo es la continuación del poder por otros medios; o, mejor, que la política es el uso de la información para otros fines.

En ese contexto, como respuesta –o a veces como evasión–, la variante que se plantea frente a la regulación es la autorregulación. El razonamiento es simple y bastante contundente: la única crítica que soporta la prensa, la que no puede transformarse en sanción ni control (sobre todo desde los poderes del Estado), es la que se hace a sí misma. Cualquier intento de intervención externa a los medios de difusión atentaría contra la necesidad-posibilidad de éstos de autocontrolarse. Así, frente a las leyes y reglamentos, los periodistas oponemos como alternativa –cuando lo hacemos–, nuestros códigos de ética, estatutos de redacción, manuales de estilo, defensorías del lector, tribunales de honor, consejos de prensa… El riesgo derivado de esta decisión es que, como con razón advierte Eco en relación con la prensa italiana: "Una vez demostrada la propia falta de prejuicios autoflagelatorios, la prensa ya no se interesa en reformarse". Es decir, la autorregulación, que en esencia podría ser la opción inteligente en este campo, muchas veces termina siendo sólo una coartada, acaso un subterfugio. El propósito: evitar la regulación.

  II. Resulta evidente, en todo caso, que la preocupación por: a) la regulación: como búsqueda de responsabilidad o intento de control, y b) la autorregulación: como ejercicio autocrítico o justificativo para que nada cambie en el ejercicio periodístico, parten de un supuesto común ya añejo y bastante debatido: los medios de difusión acumulan no sólo defectos, sino –y esto es lo esencial– producen efectos; esto es, tienen peso. Y la mejor forma de limitar un peso, lo enseña la lógica de los equilibrios que está en la base de la democracia, es oponerle un contrapeso.

Luego de aquellas oleadas en las que se pasó de satanizar a los medios masivos a prácticamente bendecirlos, parece haber algún acuerdo entre los especialistas en que si bien los media no producen efectos absolutos, individuales, inmediatos y de cambio (de comportamientos), sí generan efectos limitados, sociales, de largo plazo y de refuerzo (de actitudes). La diferencia no es irrelevante. Como tampoco lo es esa renovada "vuelta al poder de los media", sobre todo en tres de sus vertientes más controvertidas: "proceso de planetarización", "videopoder" y "función cognitiva".2 Constatación esencial: la centralidad de la comunicación es hoy un dato incuestionable. No es casual entonces que, cada vez con mayor frecuencia y convicción, las sociedades modernas sean definidas como "sociedades de información", los gobiernos como "gobiernos de opinión" y las democracias de fin de siglo como "regímenes teledirigidos".

Si a ello se añade la falsa pero harto contagiosa metáfora de la prensa como "Cuarto Poder", la lógica del control de los medios deja de ser sólo una tentación y aparece como una necesidad de sobrevivencia (para los otros tres poderes públicos, claro). Así, mientras medios y periodistas se asumen como vigilantes de gobernantes, legisladores y jueces; éstos ven a aquéllos como a sus empleados. Tremenda desubicación, que se reproduce sin tregua ni vergüenza en una tensión cómplice: el poder quiere medios de comunicación a su servicio; éstos, a su vez, pretenden un Estado a su gusto. En medio de esa pugna, la gran ausente –la siempre olvidada (obviada)– es la ciudadanía, pese a ser la auténtica titular del derecho a la información.

En esa dinámica, y bajo tales supuestos con los cuales se decide y actúa en relación con el tema, lo único en que parece haber avance es en el ejercicio del desgaste. La reiterada contienda entre "nuevos intentos por vulnerar la libertad de expresión", desde el sistema político, y "movilizaciones y estados de alerta", en el sistema de medios de difusión masiva, no deja de ser un ejercicio democrático, pero infructuoso y aburrido. Es fundamental, pues, ubicar el problema en otra perspectiva de observación. El reto quizá radique en relativizar la discusión sobre los principios y valores de la información periodística, y ocuparse de sus fines y consecuencias.

  III. En la difícil sumatoria del riesgo de regular el periodismo y el peligro de no hacerlo, parece necesario concentrar nuestros esfuerzos analíticos y normativos no en la definición de si la libertad (de prensa) es más o menos importante que el derecho (a la información), sino en identificar cuáles son las decisiones que permiten ejercer los principios periodísticos sin restricciones pero a la vez velando por la responsabilidad informativa. Es decir, el asunto no es si optamos por las libertades o por sus consecuencias, sino con base en qué acciones cotidianas logramos combinar-equilibrar ambas.

La cuestión tal vez no pase por seguir discutiendo la conveniencia o no de andar, por principio, el camino de la autorregulación (lo que nada tiene que ver con autocensura); o, en su caso, apostar por leyes y reglas que provengan, como obligación, desde fuera de los medios (lo que tampoco implica fatalmente censura). Parece más pertinente, como periodistas, asumir el hecho de que mientras sigamos solazándonos en la autocontemplación del ombligo, creyéndonos dueños de la verdad y sus rincones, y negando sistemáticamente toda deficiencia e insuficiencia en nuestras filas, la exigencia de responsabilidad social y decencia en nuestro oficio vendrá por una de estas dos vías –o las dos–, ambas tan probables como nocivas: desde el poder institucionalizado (político y económico), como imposición y censura; o desde los actores sociales y culturales, como ausencia de credibilidad y demanda de protección contra nuestros excesos.

En tal escenario, es fundamental replantear la base de análisis: ¿no será más inteligente salir de la estéril pugna en torno a las libertades intocables versus las tentaciones autoritarias, y superar el desgastado dilema entre regulación versus autorregulación, para dirigir la mirada, más bien, al cotidiano equilibrio, en el oficio periodístico, entre la ética de los principios y la ética de las responsabilidades? Ya se sabe: "La ética no sustituye al derecho, pero permite que sea menos necesario acudir a él con frecuencia" (Trejo).3 El asunto, pues, ya no es cuestión de falsas seguridades, sino de plausibles resultados.

Y en ese terreno, según es fama, las "leyes mordaza" –reales o imaginarias– carecen de sentido.

  IV. En los distorsionados debates sobre proyectos de leyes de comunicación social, lo que abundan son "reflejos en vez de reflexiones". Eso impide comprender que, en este tema, lo que está en cuestión no es el carácter intocable (pero no sacralizado) que deben tener las libertades de expresión y de opinión en sociedades democráticas. De lo que se trata, más bien, es de indagar sobre el carácter general y no absoluto de tales libertades. Es decir, responder a las preguntas que los periodistas nos negamos a escuchar y menos a formular: "¿Todo lo técnicamente informable es ética y jurídicamente informable? ¿Todo lo comunicable es comunicando?".4 Esto es: ¿hay excepciones a la difundibilidad a través de los medios masivos? En síntesis, el asunto pareciera no tener que ver con los principios del derecho a la información, sino con sus límites. No aborda lo que el periodismo "debe" hacer sino lo que "puede" hacer.

Por otra parte, si tanto se insiste en la idea de la información como contrapoder, resulta urgente insistir en algunas incómodas interrogantes en relación con los mass media en nuestros países: " ¿A quién representan los medios, además de representarse a sí mismos?, ¿quién ha elegido a los medios democráticamente?, ¿quién es el contrapoder del contrapoder?, ¿quién controla a los controladores?" (Soria).5 Esto nos lleva a indagar la cuestión relativa a la legitimidad de los medios, así como respecto de las funciones que desempeñan en la sociedad moderna hipermediatizada. Por supuesto que en modo alguno significa abrir las ventanas para que, como ventarrón oportunista, se cuelen los siempre infaltables censores de la información. Ni tampoco implica negar la necesidad de ejercer, desde el periodismo, una crítica radical en todos los asuntos públicos, "pero con respeto (que no es lo mismo que reverencia) y conocimiento de las cosas (que no equivale a suposición de conocimiento".

Otro tema central que generalmente se deja sin analizar como efecto de la unilateral propuesta de (y condena a) las "leyes mordaza" es la pertinencia o no, en los años 90, de "integradas, explícitas y duraderas" políticas informativas. Al respecto, ya no cabe la controversia entre los impulsores de la planificación global (que anhelaban omniabarcantes políticas nacionales de comunicación) frente a los impugnadores de cualquier forma de planificación (que ponían todas sus armas en la lógica de que "la mejor política es ninguna política"). Quizá el camino viable sea el diseño de políticas públicas para la comunicación pública sectoriales y descentralizada. Y en materia de periodismo, independientemente de los contenidos de las legislaciones impulsadas desde los poderes del Estado, habrá que asumir sin devaneos la necesidad de sustituir, o al menos actualizar, las normas que, a estas alturas, resultan obsoletas y que constituyen el marco jurídico "vigente" en este campo.

Finalmente, para no pecar de ingenuidad, será necesaria también una redefinición de las relaciones e interrelaciones entre el periodismo y el sistema de la política, así como entre los periodistas y la empresa informativa. Quizá esta búsqueda conduzca a la necesidad de abandonar los vínculos perversos (de adversidad y complicidad) con los políticos y gobernantes, y los acuerdos pecaminosos (de desconfianza y complicidad) con los dueños y gerentes de medios. Este replanteamiento está en la base cotidiana de la ética periodística en general y de la (auto)regulación en particular, y se enlaza directamente con una premisa indiscutible: el periodismo –como oficio, como pasión– no puede existir sino en función de la sociedad, de su demanda a estar correctamente informada, a participar en el debate público, a ejercer sus derechos y deberes comunicativos.

A los periodistas nos corresponde el goce del oficio, y la obligación de la calidad en todos sus productos.

 

 

 

 

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